Frente al continuismo reformista español, perseveremos en la construcción de la alternativa rupturista andaluza. *En el pasado mes de mayo, irrumpió en nuestra tierra lo que posteriormente sería conocido como el Movimiento 15-M o “de los indignados”. Lo primero que llama la atención del mismo es que tanto en sus declaraciones como en sus reivindicaciones Andalucía no existe. Es un mero accidente geográfico. Por contra, las referencias a España como país y a los españoles como pueblo son habituales. Esta identificación con lo español no es accidental o casual, han llegado a adoptar con beneplácito el calificativo “spanish revolution”. Fuera aparte ese asumido españolismo, es obvio que no estamos ante un movimiento andaluz, nacido desde nuestro pueblo, a partir de su propia iniciativa, circunstancias y necesidades, sino ante algo ajeno e importado. Tras su apariencia espontaneista y autónoma, se desarrolla un fenómeno estructurado y con vocación estatalista, como lo demuestra el que su epicentro estuviese situado en la Capital del Estado. La acampada de Sol no fue nunca una más. En ella se miraban todas, de ella se esperaban iniciativas y consignas, y a ella se enviaban delegaciones.
Lo segundo que sobresale son sus propios postulados sociales. El movimiento nace a partir de una llamada a la movilización, en torno a un Manifiesto de una asociación de oscuros orígenes y aún más oscuros fines, “Democracia real ya”. Texto caracterizado por una calculada ambigüedad populista y “buenista”, construido sobre bases teóricas englobables dentro de unos parámetros ideológicos pequeño-burgueses de carácter regeneracionista y reformista. Un discurso que no se posiciona contra el Sistema, y se limita a criticarlo y propugnar cambios en los aspectos más lacerantes del mismo. El manifiesto es abiertamente interclasista, desconcienciador y desclasador, tanto en el lenguaje como en contenidos o propuestas: “Somos personas normales y corrientes. Somos como tú. Gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean”. Un Interclasismo que es pretendido premeditadamente: “Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos”. No hay referencias al pueblo, a trabajadores o a la clase obrera, sino sólo a “gente” y a “gente que trabaja”, a lo sumo a los “ciudadanos”, obviando distinciones socio-económicas y, de facto, la lucha de clases: “Esta situación nos hace daño a todos diariamente. Pero si todos nos unimos, podemos cambiarla”.
Dicen estar “preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros…Por la indefensión del ciudadano de a pié”. Más allá de la enunciación de problemáticas y de la vaga superficialidad de las intencionalidades, esos llamamientos a “ponerse en movimiento” o a “construir entre todos una sociedad mejor”, cuando entran en la concretización de las causas y las soluciones, se desvía la atención hacia cuestiones accesorias y metas reformistas. Acorde con el discurso ciudadanista que sostienen. Un regeneracionismo que no es confrontación sino apoyo al Sistema. Por ello se utiliza la categoría definitoria de ciudadano, que existe en conformidad a la de un Sistema que reconoce al individuo y sus derechos en tanto tal ciudadano, súbdito “legal” del Estado, mientras se obvian clases sociales y categorías como la de vecin@, interclasista pero ajena al Estado y sus instituciones para existir. Se es por convivencia no por legalidad. Ni siquiera esa vecindad es un elemento operativo en sus análisis.
No se denuncia al Régimen ni al Capital en sí, sólo ciertas prácticas y consecuencias: “la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros…”. El problema son algunos modos y elementos de la élite política y financiera, siendo susceptible de mejora el Sistema erradicando los abusos y desviaciones: “El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no atiende a estas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad”. El problema es el “actual funcionamiento” y es sólo contra su “estado actual” contra lo que se incita a “indignarse”. No se aspira a cambiar el Sistema, sólo a “perfeccionarlo”, de ahí que las soluciones propuestas sean del tipo de “llevar nuestra voz a las instituciones” o “la participación política ciudadana”. Esta tónica reformista permanecerá como constante a lo largo del tiempo e incluso será acentuada a través de los puntos reivindicativos aprobados en las acampadas; como una reforma electoral, la lucha contra la corrupción, separación de poderes, laicidad del Estado, responsabilidades políticas, desarrollo de los derechos constitucionales, participación ciudadana, servicios públicos gratuitos, libre circulación de personas, reformas fiscales, medidas de control bancario, etc. El movimiento 15-M no pretende construir contrapoder popular, rescatar espacios de poder al Régimen, arrebatárselos al Sistema para restituírselos al uso y control exclusivo del pueblo. Se conforma con ejercer influencias sobre el Poder. Su mayor aspiración es la constitución de un listado de puntos mínimos para tratar de que éste haga y actúe en determinadas direcciones.
Sus reivindicaciones reformistas, formalistas e intrascendentes, son revestidas como cambios decisivos y revolucionarios. Un ejemplo se encuentra es la falsa equiparación que se realiza entre la democracia directa y la participativa, pretendiendo hacer pasar la participación como ejercicio de democracia directa popular, cuando son conceptos diferenciados y contrapuestos. Mientras que la democracia participativa no es más que tener en cuenta la opinión popular por parte del Poder, y sólo en ciertas circunstancias y en temáticas concretas, la democracia directa es el ejercicio efectivo y exclusivo del poder por el pueblo. No es igual o semejante que el Poder consulte y comparta con el pueblo algunas decisiones, a acabar con el poder y entronizar al pueblo como poder. La democracia participativa es asumible por el Sistema, la democracia directa no.
Lo tercero que destaca es su negativa a la auto-identificación. Esa equiparación y no discernimiento consciente entre izquierdas y derechas. Su minusvaloración e incluso menosprecio indiscriminado contra ideologías, organizaciones, sindicatos y banderas. La llamada a la unidad poblacional indiferenciada. Esa visión social unívoca y amorfa. Incluso esos lenguajes gestuales uniformadores. Conjunto de concepciones, actitudes y formalismos que recuerdan a los de otras épocas y a ciertos idearios corporativistas que pretenden conciliaciones de clases en nombre de un pretendido “bien común” o de supuestos “valores superiores”. Se pretextan porqués cuantitativos. A menor grado de definición mayor número de participantes. Lo cual es cierto, pero también que el precio es diluir posibilidades clarificativas y rebajar metas finalistas al extremo de imposibilitar toda capacidad transformativa real. Además, las mediciones sociales que utilizan una regla exclusiva o preeminentemente cuantitativa poseen carácter burgués. Condicionar estrategias o argüir aciertos partiendo de argumentaciones cuantitativas, equivale al: “tanto tienes, tanto vales”. No es un principio analítico dialéctico, sino profundamente reaccionario. Los revolucionarios no miden cuantitativamente sino cualitativamente.
También, en éste contexto de sinsentidos desde una óptica revolucionaria, deber ser subrayada la visión que han propagado de un supuesto “pacifismo” que es concebido como aceptación, tanto teórica como práctica, de la represión institucionalizada, de la monopolización de la fuerza por parte del Poder, y la consiguiente indefensión popular ante la violencia institucionaliza, así como la defensa de los “profesionales” que la ejercitan en nombre del Estado, los cuales han llegado a ser aplaudidos y calificados de “trabajadores” y “compañeros”, así como las actitudes y peticiones de colaboración con éstos en sus tareas de vigilancia y control sobre sus propios actos y participantes.
Todo populismo interclasista, todo reformismo, no supone ni puede conllevar cambios radicales del Sistema sino, por el contrario, su reforzamiento, como ocurrió durante la “transición”. No hay tal “revolución” ni éste movimiento es su expresión de masas. Una revolución es la consecuencia última de un proceso de choque frontal entre las clases dominadas y las dominantes, donde los primeros no aspiran a ser escuchados, ser tenidos en cuenta, o participar, sino a derrocar y acabar con el orden establecido. Esto requiere, imprescindiblemente, de unos condicionantes estructurales socioeconómicos desencadenantes y una previa toma de conciencia por parte de las clases populares, y en particular de la clase obrera, único sector social con capacidad de erigirse en rector del cambio, y que les haga ser plenamente conscientes de la realidad y de su papel en ella, impulsándoles a su transformación global. Una revolución no consiste en el logro de mejoras concretas o controles puntuales sobre el sistema existente, y por tanto en su remozada continuidad, sino en su completa erradicación y su sustitución por otro diametralmente opuesto donde sea el pueblo el único detentador de todo el poder.
Puede iniciarse el proceso a partir de luchas concretas y básicas, pero la diferencia entre lo revolucionario y lo reformista no radica en el “extremismo” o la “moderación” de éstas, sino en que conlleven acentuación de contradicciones y desestabilización del Sistema, o no. Ni las propuestas del Manifiesto ni las aprobadas en las acampadas lo suponen. Por idénticas razones, tampoco es la terminología discursiva o las maneras organizativas lo que permite etiquetar como revolucionario. No determinan las formas sino los fondos, las metas. Tampoco es posible reconvertir una revuelta reformista en un movimiento popular revolucionario sin la existencia de esos previos condicionantes socio-económicos e ideológicos, y sin que los elementos partidarios sean mayoritarios o preponderantes. Esa es la causa de los loables pero escasos y escuálidos triunfos de los intentos en ésta línea en el interior del 15-M. No hay condiciones objetivas.
El Movimiento 15-M no atenta ni pretende atentar contra los pilares sustentadores del Sistema. La puesta en práctica de las exigencias de los “indignados” no supondría alteración sustancial para éste, apenas unas meras molestias asumibles a cambio de contentar a la población. Simple continuismo reformista español. Un cambiar todo para que nada cambie, que no sólo no le perjudica sino que le beneficia en épocas de crisis y descontentos, encauzándolos hacia fines que no hacen peligrar su permanencia. De hecho, la cuarta característica de éste movimiento es la amplia repercusión que ha tenido en los medios de desinformación. Unos medios cuyo papel social es ocultar y criminalizar todo aquello que atente contra el Régimen, condicionando así a la opinión pública, y que han sido sus mayores propagadores. Es en su estudiada escenificación de la tópica película de buenos y malos, con la consiguiente compresión del 15-M por parte de los “progresistas” y los ataques de la “derecha extrema”, donde está el origen de que tantos, tan bienintencionados y esperanzados como errados, se les uniese.
La respuesta a las convocatorias no prueba que los “indignados” sean un movimiento popular, y menos aún revolucionario. Sí que cada vez más amplios sectores populares quieren actuar y que, ante la carencia de unos instrumentos ideológicos, estratégicos y organizativos propios, están siendo empujados a aceptar como tales los sucedáneos impulsados por el Sistema. También muestra el retroceso ideológico arrollador que han vivido los representantes de las ideologías revolucionarias en éstas últimas tres décadas y el paralizante confusionismo preponderante en sus organizaciones. La mayoría de los que se han unido a los “indignados” lo han hecho como consecuencia de la suma de tres elementos: la inexistencia de unas alternativas transformativas políticas y sindicales visibles, la labor embaucadora de los medios desinformativos, y décadas de trabajo desclasador y desidentificador de la “izquierda” institucionalizada y los sindicatos neoverticalistas. Sin la ceguera que éste conjunto de circunstancias ha producido no hubiese sido posible. La responsabilidad también debe ser compartida por esa izquierda anticapitalista, tanto política como sindical, sumida en sus clásicos seguidismos y mezquindades ombliguistas, que ha demostrado su debilidad teórica e incapacidad estratégica para estar a la altura que la situación social, anteponiendo los intereses generales y construyendo esos instrumentos populares transformadores.
El Movimiento 15-M ha logrado lo más difícil, movilizar, para derrocharlo después entre objetivos institucionalistas y estrecheces de miras cortoplacistas. Los primeros días consiguió sacar a la calle a amplias capas de sectores populares de la población. Emergió un movimiento asambleario de la nada. Un capital político de primera mano que, con otras bases y criterios, hubiese abonado la posibilidad de una rectificación y reubicación del movimiento en unos parámetros que superaran el reformismo y regeneracionismo iniciales. El fenómeno que suponía reunir a cientos de jóvenes en torno al debate político abría nuevas opciones al movimiento. Sin embargo el camino escogido ha sido enrocarse en la continuidad y en la autolimitación a los márgenes iniciales, con propuestas como “recogida de firmas” para “realizar reformas”. Unas movilizaciones que en otras circunstancias, y a partir de diferentes marcos teóricos y estratégicos, podrían haber sido potencialmente incitadoras de avances reales hacia procesos transformativos, lo ha imposibilitado el que principios y fines se restringieran finalmente al espacio de maniobra concedido, por acción u omisión, por el Sistema. Lógicamente la responsabilidad no recae en una mayoría tan activa y voluntarista como desconocedora e inexperta, ni en los compañeros de lucha que han intentado lo imposible, sino en esas minorías organizadas inductoras de los errores y los fracasos.
Por todo ello, ahora más que nunca resulta imprescindible y prioritario el acrecentar los esfuerzos para hacer realidad tanto una alternativa común de la izquierda soberanista andaluza como un bloque unitario, y exclusivo, del sindicalismo de clase andaluz. Sin estas dos herramientas esenciales, sin estos instrumentos para conducirse hacia su liberación nacional y social, hacia su emancipación, el Pueblo Trabajador Andaluz seguirá condenado a permanecer en estado de dependencia política, alienación social y esclavitud económica. En Andalucía no hay democracia ni autonomía por la carencia de soberanía, de libertad colectiva popular. No es que poseamos una democracia y una autonomía imperfectas, y, consecuentemente, tengamos la necesidad y sea viable desarrollarlas, convertirlas en más “reales” o más “participativas”, de que los políticos nos “escuchen”, de acabar con los corruptos, de mayores y más justas financiaciones, o impulsar determinadas iniciativas legislativas económicas y sociales más favorables a la mayoría poblacional. Se trata de acabar con la dictadura que España y el Capital ejercen sobre nuestra tierra y nuestro pueblo. Porque sin libertad sólo hay dictadura. Y las dictaduras no se mejoran o se reforman, se destruyen. Lo contrario es propugnar continuismos, no revoluciones. Otra transición, en lugar de una ruptura con el régimen.
Frente al continuismo reformista español, es ineludible para la izquierda soberanista andaluza el perseverar en la construcción de una alternativa radicalmente rupturista y andaluza para nuestro pueblo. Una alternativa basada en la recuperación, la posesión y el ejercicio de su soberanía, de su libertad colectiva. Volver a detentar su soberanía, ser libres, no es una final sino un inicio. Sin libertad nada es posible. Sin soberanía no hay futuro. El Pueblo Trabajador Andaluz necesita su soberanía nacional para ser los únicos dueños de su tierra. Su soberanía política para ser los únicos dueños de ellos mismos. Su soberanía personal para vivir y desarrollarse como mujeres y hombres libres. Su soberanía económica para ser los únicos dueños de las riquezas de su país. Su soberanía ecológica para preservarlos. Su soberanía obrera para ser los dueños de su trabajo. Su soberanía alimentaria para asegurarse su subsistencia. Su soberanía social para ser los hacedores de su destino, y los únicos beneficiarios y destinatarios de sus esfuerzos. Su soberanía cultural para recuperar la identidad que le arrebataron y detentar fuentes de conocimiento real, de realización personal y progreso común. No es cuestión de indignarse con el Poder, sino de levantarse, revelarse y acabar con él.
El deber de las andaluzas y los andaluces con conciencia nacional y de clase sólo es para con nuestro pueblo. Nuestra obligación, luchar por hacer realidad una Andalucía verdadera y totalmente libre, independiente y socialista, oponiéndonos a todo aquello que sea un obstáculo para alcanzar esa meta o unos señuelos que desvíen del camino liberador, perpetuando así la opresión nacional, la alienación popular y la explotación social. En Andalucía, todo proyecto que no parta del reconocimiento y restablecimiento de la plena posesión y ejercicio de nuestra soberanía nacional y popular como base de transformación política, social y económica, no es ni puede llegar a ser revolucionario.
¡En Andalucía no hay democracia o autonomía real sin soberanía nacional y popular!
¡Frente al continuista reformismo español, el rupturismo revolucionario andaluz!
¡Por la Independencia y el socialismo!
¡Por Andalucía libre!
*Aclaración:Ante la importancia de la problemática derivada del Movimiento 15-M, y pretendiendo ser consecuentes con el carácter asambleario y horizontalista de nuestra organización, hemos preferido esperar a la celebración de una Comisión Nacional, máximo órgano de debate y decisión entre asambleas nacionales, con presencia de la Permanente, representantes de todas nuestras asambleas locales y abierta a la participación de cualquier militante que quisiese asistir y aportar su punto de vista, para analizar y determinar una postura oficial y pública de Nación Andaluza ante el fenómeno de los “indignados”. Ésta declaración ha sido probada por unanimidad en Comisión Nacional.
